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Una visita a la maravillosa Exposición «Las Edades del Hombre», en la catedral de Ávila, y el recuerdo de un momento del reciente debate entre Mayor Oreja y Borrell, me incitan a dar otra vuelta al asunto de las raíces cristianas de Europa. El candidato socialista rechazó la conveniencia de la inclusión de una referencia al cristianismo en la Constitución europea, afirmando que ni siquiera se mencionaba en la española. Por una parte, sí se incluye una referencia a la Iglesia católica, si bien en el contexto de la defensa de la libertad religiosa y de la aconfesionalidad del Estado. Por otra, la analogía no sirve, ya que la Carta Magna española no contiene un comentario sobre las raíces culturales de España. No creo que deba encomendársele al Estado la asunción y defensa de ningún sistema de valores. Basta con que no haga imposible su existencia. Pero si se trata de exponer las raíces culturales de Europa, la cosa no ofrece dudas. O se omite toda referencia o hay que incluir, y en primer lugar, al cristianismo. No es una cuestión de opinión, sino de hecho. Puede gustar o no, complacer o irritar, pero, lo diga o no el Preámbulo de la Constitución, la realidad es como es. No consiste la misión de los textos legales en interpretar la historia o en resolver controversias teóricas, sino en organizar la convivencia. Podría extinguirse la civilización europea, podría incluso suicidarse, mas, mientras exista, sus raíces son cristianas.

Y no se trata sólo de una cuestión cultural o sociológica. En la expresión «arte cristiano», el adjetivo es sustantivo. Me explico. No se trata de que el artista elabore su obra a partir de cualquier material preexistente. Así, que tanto da que se inspire en una naturaleza muerta como en la Crucifixión. La sustancia del arte religioso no es puramente estética sino religiosa. Suprimida la fe, queda amputado lo esencial del arte religioso. Queda éste reducido a pura forma. Y el arte es fusión de materia y forma. Naturalmente que sin información acerca del cristianismo es imposible entender el arte y la cultura europeos. Pero no se trata sólo de eso. Es que no se entiende la profundidad de Bach o del gregoriano, de Fra Angelico o de Berruguete sino desde la fe. Lo cristiano no es entonces el pretexto del arte, uno más, sino su esencia y finalidad. Por eso no basta con garantizar la enseñanza de la historia de las religiones como productos culturales, sino también el ejercicio del derecho a ser educados en la fe que, al menos, cimentó nuestra civilización. Y que lo seguirá haciendo mientras no terminen de irrumpir y dominar los bárbaros. Nada de esto significa que la mención del cristianismo o la enseñanza de la Religión cristiana entrañen la confesionalidad de la Unión Europea y de sus Estados. Se trata sólo de entender nuestra propia realidad espiritual. Y ¿qué pasa con los errores de la Iglesia? Nadie, que yo sepa, pretende renunciar a la herencia jurídica romana por sus errores y aberraciones, ni a la herencia ilustrada y democrática por el terror y la guillotina. No veo que haya que alterar la actitud en el caso del cristianismo. Por lo demás, muchos son culturalmente cristianos, como el burgués hablaba en prosa, sin saberlo.

IGNORAN que la mayoría de los principios a los que se adhieren no existirían de no haberles precedido el cristianismo. La democracia y el socialismo son, en cierto sentido, ideas cristianas que han olvidado o traicionado sus orígenes. Así, no es extraño que haya tantos «progresistas» que defienden ideas y principios incompatibles con sus convicciones, y que, en el caso de que se impusieran, terminarían por destruirlas.

No comparto ese empeño en pedir disculpas por los errores de los compatriotas pretéritos. Y menos cuando se seleccionan caprichosa e interesadamente. No faltan estalinistas confesos obstinados en que se arroje a la hoguera, histórica y virtual, a, por ejemplo, Cortés o Pizarro, nunca a Tarik o Almanzor, y a que todo español renuncie a sus maldades reales o presuntas y pida disculpas aun por el bien que pudieran haber hecho. Por lo demás, quienes más disculpas ajenas exigen son los menos dados a disculparse por sus errores propios que, por cierto, suelen ser bien actuales.

La autocrítica es buena cosa siempre que no lleve, ebria de celo, a arrojar al fuego tanto el grano como la paja. Europa asemeja a veces una civilización arrepentida. Y no le faltan razones, pero acaso quepa ser un poco más selectivo y equitativo en el arrepentimiento. Y aquí es donde cabe percibir los efectos del capricho y de la incuria intelectual. Pues se diría que, dejando de lado las barbaries y los crímenes, por cierto siempre con culpables personales y no colectivos e impersonales, Europa puede, según parece, exhibir sin vergüenza casi todos sus principios y valores, menos los que encarna el cristianismo. La excepción no es aquí cultural sino estrictamente religiosa. Sólo acompañada, si acaso, por el pecado del comercio y del surgimiento del capitalismo. Todo honra a Europa, menos su religión y su sistema económico. Nada cabe oponer a la filosofía griega (la medieval es otra cosa), nada al Derecho romano (siempre que no se entre demasiado en su contenido), mucho menos a la ciencia natural y la técnica, la democracia y los derechos humanos. Y lo más curioso es que este ocultamiento de su religión se exige en el nombre de la tolerancia y del respeto. Cuando en realidad, la tolerancia frenética debería conducirles a tolerar, entre otras cosas, el fundamentalismo para no herir la susceptibilidad del «otro». Tampoco les importa que si suprimimos la religión propia, la tolerancia religiosa carecerá de sentido.

Como su conocimiento de la historia no va más atrás del siglo XVII, desprecian lo que ignoran, a saber, que el fundamento de los principios políticos y morales que dicen asumir se encuentra en el cristianismo que denigran. No se han parado a pensar que la democracia posee unos fundamentos religiosos que se encuentran precisamente en él. Son dignas de verse las contorsiones mentales que tienen que hacer para fundamentar la dignidad humana y la igualdad política en algo que no sea el cristianismo.

En realidad, el debate sobre la inclusión de la referencia al cristianismo en la Constitución europea empieza a fatigar un poco. Por supuesto, que estoy a favor de la mención. Pero la realidad no depende de lo que diga una norma. La expresión «Europa cristiana» se me antoja tautológica y redundante. Algo así como «hombre mortal» o «pájaro volador». Que Europa sea o no cristiana no depende de la Constitución. Novalis escribió un ensayo, por cierto excelente, titulado «Europa, o la Cristiandad». Así, decir «Europa» es decir «la Cristiandad». Una Europa no cristiana es algo tan imposible como una teología sin Dios o un mar sin agua. Pura ficción. Y si no es necesario que las Constituciones proclamen lo obvio, tampoco es conveniente que se deslicen por los terrenos de la fantasía y del delirio. Decía Fichte que toda verdadera política consiste en declarar lo que es. Pues bien, no se trata sólo de que Europa haya sido cristiana, o de que deba o no serlo, sino, simplemente, de que lo es.

La admisión de la clonación terapéutica entraña un grave problema moral. Lo primero ha de ser atenerse a los hechos y plantear con claridad los términos del problema. El lector atento y con buen criterio extraerá la solución, que no debe confundirse con «su» solución, pues el relativismo cuela ya de tapadillo la suya errónea: todo es relativo; luego, haga cada cual lo que mejor le parezca. El análisis de todo problema moral debe partir del respeto a los hechos. ¿Qué es lo que se debate? En este caso, se trata de determinar si es lícito crear un embrión clónico para utilizarlo en investigación de terapias contra enfermedades hoy incurables, y destruirlo después. Dejemos de lado las serias dudas que existen sobre la eficacia de estas terapias y la posibilidad de la existencia de tratamientos alternativos. ¿Es o no lícito moralmente hacerlo? ¿Deben autorizarlo los Estados? ¿Es compatible con la dignidad que conferimos a la vida humana, o con la que ésta posee de suyo? El siguiente paso bien podría ser rechazar lo que no está en discusión, los falsos planteamientos y las eventuales falacias. No se trata de una cuestión religiosa que afecte al ámbito de la fe y enfrente a creyentes y no creyentes. Tampoco se puede saldar el debate apelando al oscurantismo de quienes se oponen al avance de la ciencia, entre otras razones porque quienes argumentan así sí rechazan, muchas veces sin argumentos, la clonación reproductiva. Quienes se opusieron a la eugenesia nazi no fueron oscurantistas. Ni cabe zanjar el debate esgrimiendo la insensibilidad hacia el dolor de quienes oponen reparos morales. No hay debate auténtico cuando falta la buena fe. Ni tampoco cuando ningún interlocutor está dispuesto a atender los argumentos ajenos y descarta toda posibilidad de ser convencido.

LO que verdaderamente se dirime es si es lícito fabricar un embrión clónico para curar y ser destruido. Argumentarán a favor quienes antepongan la salud y la vida del adulto frente a la dignidad de la vida embrionaria o quienes nieguen que la clonación atente contra ella. Se enfrentan aquí, como en tantos otros casos, distintas concepciones sobre la realidad, la moral y el valor de la vida humana, distintos planteamientos sobre la relevancia de la autonomía de la voluntad, la dignidad del hombre, la valoración exclusiva de las consecuencias de la acción, la justificación de los medios por el fin, la idea del deber o la afirmación de la existencia de acciones intrínsecamente buenas o malas. En suma, se enfrentan diferentes concepciones filosóficas con distintos órdenes de jerarquía de valores. Aunque no sea fácil, no debemos resignarnos a la inexistencia de un debate genuino. No valen ni la descalificación previa, ni el mero recurso al consenso, tan socorrido para políticos con convicciones anémicas. Ni tampoco la superficialidad antifilosófica.

LAS disquisiciones sobre cuándo el embrión llega a ser persona me parecen alambicadas y, a veces, desembocan en meras disputas sobre palabras. La diferencia entre una célula madre y un adulto de, por ejemplo, sesenta años es patente. Pero también lo es que el embrión clonado es idéntico a lo que un día fue la persona cuya vida se intenta salvar mediante su fabricación. En cualquier caso, no se trata de un debate que enfrente a ilustrados y oscurantistas, sino a quienes sustentan diferentes concepciones acerca del valor de la vida embrionaria, una más laxa y otra más estricta, o, si se prefiere, una que defiende el valor intrínseco de la vida y otra que lo niega.

Entre el capítulo de las promesas socialistas con destino a ser cumplidas parece que se encuentran la reforma de la legislación sobre la penalización del aborto, la supresión de los límites para la reproducción asistida y la autorización de la experimentación con embriones con fines terapéuticos. Resulta barato y puede complacer a los sectores más «progresistas», que se verían así compensados por otras promesas incumplidas. Existe un sector, acaso mayoritario, en el PSOE que parece empeñado en suscitar una «cuestión religiosa» que la Constitución y el sentir de la mayoría de los ciudadanos ya han resuelto. La libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación que han de recibir sus hijos, en igualdad de condiciones, alejan toda posibilidad de un anacrónico conflicto religioso en España.

Pero el aborto no es una cuestión religiosa, sino moral y jurídica. No enfrenta a los católicos y a quienes no lo son, sino a posiciones divergentes en cuanto a la naturaleza y los límites de la protección de la vida humana. Por lo tanto, en torno a su valor y dignidad. No es un asunto de sacristías y catequesis, sino que afecta al cimiento moral de la sociedad. La actual legislación, como es sabido, califica el aborto como delito y excluye la aplicación de la pena en tres casos. Su aplicación permisiva, bordeando en muchos casos, si no traspasando, el fraude de ley, podría hacer más aconsejable su limitación, o al menos, la lucha contra el fraude, que su ampliación. El proyecto del PSOE prevé la aprobación de una ley de plazos. Durante los tres primeros meses de la gestación, la madre, por así decirlo, podría decidir la interrupción del embarazo, es decir, la muerte del embrión. De ser un delito con tres excepciones pasaría a ser un derecho de la madre (y sólo de ella) durante los tres primeros meses de gestación. No sé si es muy coherente excluir de la decisión al padre y luego atribuirle el cuidado compartido de los hijos y de su educación. Esta modificación entrañaría una transformación radical de la actual legislación, que, por lo demás, encajaría muy difícilmente en la regulación constitucional.

Me limitaré, en las líneas que siguen, a una discusión y valoración de los aspectos jurídicos. La valoración moral, por razones que ahora no expondré, me parece clara y gravemente negativa. El problema jurídico reside en determinar si se trata de un asunto de conciencia que debe ser decidido por cada cual sin intervención de los poderes públicos (en sana doctrina liberal) o si (también en sana doctrina liberal) se trata de un asunto que afecta al orden público y a los fundamentos de la convivencia. De lo que en ningún caso se trata es de un conflicto entre el laicismo y el integrismo religioso. La proscripción del aborto no es asunto de fe. Otra cosa es que la doctrina moral de la Iglesia católica haya sido, y siga siendo, contundente. Pero no se trata de un dogma de fe o de un asunto de régimen interno para los católicos. Nadie argumenta así en lo que se refiere a la penalización del homicidio o del robo. Existen normas que obligan a los católicos, y sólo a ellos, en cuanto tales. Por ejemplo, la obligación de asistir a la Misa dominical. Imponerla a toda la sociedad sería lesivo para la libertad religiosa (y para el sentido común). Pero nadie rechaza o discute la conveniencia de castigar el homicidio porque lo repudie la Iglesia católica. La cuestión no es, por tanto, religiosa. Se trata de determinar si la proscripción del aborto se asemeja a la del homicidio o a la del precepto dominical. Y no se resuelve la cuestión apelando al laicismo. Si nadie argumenta que quien quiera matar que mate, y quien no que no lo haga, no es evidente que quepa argumentar así en el caso del aborto. Tampoco cabe limitar el derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre la legitimidad de un Gobierno que apruebe esas medidas, ya que esa capacidad no se discute a otras instancias sociales cuando se han pronunciado sobre la política exterior o si reprobaran, con razón, eventuales permisiones de la tortura o de la pena de muerte o la adopción de medidas racistas por parte de una mayoría parlamentaria. Por lo demás, la argumentación no se sustenta sobre afirmaciones dogmáticas o de uso interno para creyentes, sino que apela a la concepción compartida de los derechos humanos y, en especial, del fundamental derecho a la vida. No es, pues, asunto de fe.

La consideración del aborto como un derecho (de la mujer) o la legalización de la producción de embriones destinados a la destrucción, aunque sea con fines sanitarios, contradicen el estatuto del derecho a la vida y la protección jurídica del embrión reconocida por el Tribunal Constitucional. Entrañan una violación del derecho a la vida y una subversión radical de nuestro sistema jurídico. Aunque las leyes tienen que fijar límites más o menos arbitrarios, por ejemplo, la determinación de la mayoría de edad, resulta arbitrario e injusto que la eliminación del embrión sea un derecho hasta los tres meses de vida para convertirse en un delito un día después. La creciente aceptación social del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación moral de nuestro tiempo. Podría argumentarse que se trata de una cuestión moral, reservada al ámbito de la conciencia, en el que los poderes públicos no deberían intervenir. Algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, con la prostitución o la pornografía. Mas no es así. Se trata de la protección de la vida humana, que es uno de los fines fundamentales del Derecho. Tampoco cabe invocar la libertad en casos como la ablación de clítoris o las prácticas eugenésicas. Lo que hay que determinar es si el aborto entraña la eliminación de una vida humana. Y, sobre eso, por más disquisiciones que se quieran hacer, no caben dudas. Por lo demás, ni siquiera cuenta con el grado necesario de consenso social para adoptar esa medida. Y bastante se nos ha bombardeado con el consenso y el diálogo, para regatearlo en cuestión tan grave. No se trata, pues, de imponer a todos las convicciones de algunos. Se trata de cuál es la convicción mayoritaria y, sobre todo, y por encima de las eventuales mayorías, cuál es la solución más justa. Por otra parte, existen los tres supuestos ya reconocidos, y la aplicación de las eximentes, como el estado de necesidad, y de las atenuantes, para eliminar o paliar los eventuales efectos nocivos o duros de la aplicación de las penas en muchos casos. Pero esto no puede eximir al Estado de su obligación de proteger el derecho a la vida.

Se encuentran en conflicto quizá dos concepciones antagónicas acerca del valor de la vida y de su dignidad. Para unos es un valor fundamental que debe ser protegido sin excepciones (en algunos casos, no en todos, porque se trata de un don de Dios). Para otros, parece tratarse de algo así como de una mera propiedad inmanente a ciertos seres, sin un valor especial, y sobre el que deben prevalecer la libertad y el bienestar de los adultos o la salud de otras personas. Por mi parte, me adhiero a la primera posición. Dudo que la segunda sea la mayoritaria, pero, aunque lo fuera, no se soluciona el problema adoptando una solución que vulnera el sentimiento jurídico y moral de muchos, máxime cuando caben posiciones intermedias, como la actualmente vigente. Por lo demás, tan dogmática sería, en su caso, una posición como la contraria. La aprobación de las reformas previstas por el Gobierno entrañaría una grave injusticia y, muy probablemente, la vulneración de nuestra regulación constitucional sobre el derecho a la vida.