Categoría: Educar en una sociedad plural

La educación en los primeros años de vida de los niños tiene una trascendencia grande. Invertir en una educación infantil de calidad es una forma muy eficiente de mitigar las desigualdades sociales, pues, aunque esa etapa tiene efectos positivos en todos los niños, su relevancia es mayor para las familias de entornos desfavorecidos. Además del impacto de la educación infantil en las habilidades cognitivas, hay también una amplia evidencia empírica de su efecto en la mejora de habilidades no cognitivas, como la constancia, el autocontrol de los impulsos o la capacidad de demorar la gratificación o gestionar la incertidumbre.

Está bien documentado que la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) reduce las tasas de fracaso escolar, y que, junto a eso, es un modo claro y directo de facilitar la conciliación familiar, y con ello la maternidad y la natalidad, aspectos todos ellos que tienen hoy una importancia decisiva.

Esto significa que en esta etapa debería tenderse a unas proporciones similares de educación (pública y sostenida con fondos públicos) similares al resto de las etapas educativas. Si el Gobierno impulsa un crecimiento excesivo de plazas públicas y no existe financiación para el resto de los puestos escolares de 0 a 3 años, es obvio que con eso perjudican gravemente a la educación concertada, pues muchas familias que prefieren concertada se verán obligadas a ir a un centro público en esa etapa y eso facilita que después ya no se planteen el cambio al centro concertado en el que pensaban inicialmente.

Lo natural es facilitar una financiación pública del tramo de 0 a 3 años en unas proporciones similares de enseñanza pública y privada financiada con fondos públicos.
Y por eso resulta preocupante que la Adicional 3ª de la LOMLOE hable de «un plan de ocho años para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente». Sería más propio que hablara de que haya una oferta suficiente, pero no solo pública, sino adecuada a la demanda de las familias.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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La Formación Profesional (FP) en España ha mejorado y se ha desarrollado mucho. Un total de 862.000 estudiantes se matricularon en esas enseñanzas en el curso 2020/21: 428.300 en grado superior, 358.600 en grado medio y 75.000 en FP básica. Son cifras que han aumentado un 77% con respecto al curso 2008-2009, donde solo había 487.000 estudiantes. A pesar de estos buenos augurios y aunque el interés por esta formación va en aumento, solo el 18,7% del alumnado español de 17 años elige esta opción en la segunda etapa de la Educación Secundaria, frente a la media de la OCDE que alcanza el 31%.

La Formación Profesional necesita con urgencia de un plan estratégico ambicioso, con medidas claras que permitan estar en el lugar que merece dentro del sistema educativo y como enseñanza de primera categoría, fundamental para el desarrollo económico del país, la formación de talento y la competitividad de las empresas.

Por primera vez en 2019 las ofertas de empleo para titulados de FP sobrepasaron a las destinadas a graduados universitarios. Y algunos estudios indican que para el año 2025 el 50% de los empleos serán para personas con una cualificación como la que proporciona la FP.

Citando a Santiago García, secretario general de CECE, los principales retos que ha de afrontar la FP para su modernización son:

• Actualización del catálogo de títulos, para hacer frente a las necesidades reales de los sectores productivos, impartiendo una formación que se adecue a los perfiles profesionales que demanda el mercado de trabajo.
• Esta actualización, bien mediante nuevos títulos o la revisión de los existentes, debe ser ágil para responder a esas necesidades de cualificación en un tiempo razonable, no como actualmente.
• Es necesario ampliar la oferta de plazas de FP en aquellas especialidades que van a ser más demandadas por los sectores productivos.
• Las enseñanzas de FP han de ser flexibles, con una oferta a distancia (online), modular y a la carta.
• Es necesario avanzar en la integración de la FP del sistema educativo y del empleo.
• También hay que poner en marcha un sistema de reconocimiento y acreditación de competencias básicas y profesionales, que funcione mejor que el actual.
• Hay que potenciar la formación del profesorado mediante el intercambio de experiencias, los proyectos de innovación junto con empresas, las estancias en empresas y en otros centros punteros de FP.
• Es necesario hacer una nueva ordenación de la FP, con especial atención a la regulación de la FP Dual, para armonizar su desarrollo en las diferentes comunidades autónomas.
• Otro punto importante es la internacionalización de los centros de FP, potenciando la movilidad de alumnos y profesores, las alianzas con centros de otros países para formar redes y ofertar enseñanzas conjuntas.
• Se debe hacer un esfuerzo en la orientación profesional, que permita a las personas tomar decisiones informadas, y que rompa con los estereotipos asociados a las enseñanzas de FP. En España no se ha implantado aún de modo general el perfil del orientador profesional, que resulta completamente imprescindible y ha de ser una persona con sólidos conocimientos de la realidad del mercado de trabajo, las tendencias futuras, los nichos de empleo, etc.
• Todo esto ha de hacerse en un ámbito de estrecha colaboración entre lo público y lo privado. Sin la participación de las empresas y los agentes sociales no será posible alcanzar los ambiciosos objetivos que necesita el futuro de la Formación Profesional.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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En los últimos años se ha planteado con cierta frecuencia el debate sobre si los centros sostenidos con fondos públicos deberían ser siempre entidades sin ánimo de lucro. ¿Es legítimo que haya empresas que opten por gestionar centros concertados? ¿No deberían ser siempre entidades benéfico-docentes?

Por mi parte, soy firme partidario de las instituciones sin ánimo de lucro en la educación, y hay que decir que la gran mayoría lo son, pero no por eso el ánimo de lucro debe considerarse pernicioso ni se debe impedir su presencia en la educación. Además, por ejemplo, como no existen las personas físicas sin ánimo de lucro, según esa propuesta, las personas físicas no podrían promover ninguna iniciativa educativa que tenga financiación pública, lo cual supondrían un enorme recorte de derechos personales que jamás se ha planteado en ninguna democracia occidental.

La mayoría de los grandes avances en los últimos siglos, tanto científicos como sociales o de prestación de servicios esenciales, se han desarrollado gracias a empresas con ánimo de lucro, que han hecho avanzar el desarrollo de los países, han generado riqueza y han creado empleo, y todo ello ha permitido unos ingresos fiscales que sostienen los servicios públicos de los que hoy disfrutamos.

Las obras públicas son siempre realizadas por empresas mercantiles, igual que por ejemplo la mayoría de los servicios de catering en hospitales o ministerios, o los servicios de mantenimiento en edificios públicos, y el hecho de que las entidades que prestan esos servicios tengan ánimo de lucro nunca se ha visto como un impedimento. Lo importante es que presten un buen servicio a un buen precio, no tanto lo que gane o pierda quien presta ese servicio. Si una empresa da un buen servicio a un buen precio, y con eso gana algo de dinero, y hubiera otra que no tiene ánimo de lucro pero que lo hace más caro o con peor servicio… ¿qué preferimos? Lo sustancial de la prestación de un servicio es su calidad y su coste, no lo que internamente suceda en quien lo presta. No quiero con esto decir que no tenga su importancia, pero el criterio para que los poderes públicos contraten prestaciones de bienes o servicios es su calidad y su precio. Se podría objetar que la educación no es lo mismo que construir una carretera, y en efecto es así, pero entonces, si fuera malo el lucro por referirnos a la educación, también sería malo el lucro en entidades educativas privadas que no reciben fondos públicos, lo cual sería un límite aún menos claro.

Lo que quizá hace falta es que todos, también los centros públicos, rindan cuentas del dinero público recibido, de manera que el dinero público se destine a las personas e instituciones que mejor lo hagan rendir en servicio de los ciudadanos, con independencia de que sean instituciones públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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Necesitamos educar a toda una generación para profesiones que ahora no existen, para enfrentarse a escenarios que en este momento no podemos prever, para resolver cuestiones que ahora ni conocemos.

Es cierto que lo esencial de la educación se mantiene. Que seguimos buscando luz para las mismas grandes cuestiones de siempre. Que lo más sustancial de la educación siempre tendrá vigencia. Que la figura del profesor siempre será decisiva, y su trabajo será cada vez más necesario.

Pero ese trabajo del profesor será en el futuro un tanto diferente a como ha sido desde muchos años atrás. Decía John Henry Newman que a veces hay que cambiar para continuar siendo uno mismo. Porque se mantiene nuestra misión, pero cambia nuestro entorno, y hay que hacer cosas diferentes. Porque cambian las personas que nos escuchan, cambian sus expectativas y sus sensibilidades. Y quizá no debemos seguir haciendo lo mismo, aunque en esencia sigamos viajando en la misma dirección.

Hay que afrontar todos esos cambios con inteligencia, conociendo bien el escenario en que nos movemos. La vida escolar, con su permanente contacto entre toda la comunidad educativa, nos ayuda a diario a conocer cómo han cambiado las mentalidades y sensibilidades. No debemos refugiarnos en una actitud defensiva, de seguir haciendo todo «como siempre lo hemos hecho». Es preciso discernir bien esos cambios que se han producido, o que se están produciendo, sin fiarse demasiado de los análisis precocinados que nos presentan desde muy diversos ámbitos.

Se respira en la escuela en estos últimos años un gran interés por la innovación, un interés que genera optimismo. Y es obvio que no se trata de innovar por innovar, como si algo, simplemente por el hecho de ser nuevo, fuera ya mejor. Innovar es un proceso constante de adaptación, de constante personalización de la enseñanza, de adecuación a quienes queremos servir.

Innovamos para adaptarnos y adelantarnos al cambio, para no ser arrollados por él. Por ejemplo, la escuela ha girado durante mucho tiempo en torno al saber contenido en el libro de texto, que ha sido la concreción fundamental de leyes educativas y planes de estudio. Pero hoy el profesor y el libro de texto ya no son, como antes, fuente y cauce casi únicos del conocimiento, y eso supone un gran cambio en el rol del profesor.

La escuela ya no es tanto transmitir lo que conocemos, aunque siga siendo una parte y una base, sino preparar y entrenar para hacer frente a lo que no conocemos. Los docentes y las familias queremos hacer más llevadera la tarea de aprender. Queremos generar ilusión por aprender. Aligerar la carga de los aprendizajes tediosos. Los niños (y los adultos) ya no aguantan estoicamente tanto como quizá antes. Hace falta más resiliencia, es verdad, pero también aprendizajes más motivantes.

Hay resistencias al cambio. Nuestras y de todos. Hay que combatir el conformismo, el aislamiento, el miedo, la pereza, la rutina, la mediocridad… nuestras y de todos. Las personas con visión valoran mucho la tradición, pero saben también adelantarse a su tiempo. No se acomodan. Saben hacer frente a los cambios y ponerlos a su favor.

Otro ejemplo es la tecnología, que ha irrumpido y cambiado nuestra vida diaria. Y ha venido para quedarse, con todo lo positivo y lo negativo que pueda acarrear. En ese sentido, hay que saber gestionar ese gran cambio, encontrar soluciones muy proactivas para la escuela (que no debe quedar al margen de ese cambio), soluciones centradas en impulsar las competencias, habilidades y conocimientos.

La tecnología nos ha traído nuevas formas de obtener información, nuevos modos de evaluar. La tecnología hace posible una mejor interactuación entre alumno y profesor, permite dinamizar el aula y la escuela, facilita la intervención de la familia, y todo ello empuja hacia una renovación metodológica. Se pueden crear de modo sencillo comunidades de aprendizaje. Se puede abrir la escuela a un entorno global, internacional e intercultural. Hay excelentes aplicaciones didácticas, que hacen más fácil adaptarse a mayor o menor velocidad de aprendizaje.

Es decisivo el ambiente de innovación. A veces, los efectos positivos proceden más del entusiasmo que pone el profesor cuando promueve una innovación, que de la innovación misma. Y no les funciona a quienes no tengan ese nivel de vinculación emocional con la innovación. Por eso es preciso unir la idea de innovación y de creatividad con la educación emocional. La innovación siempre tiene una propia marca personal. No se debe copiar sin analizar bien cada novedad, sin encontrar una vinculación emocional con el entorno en que nos movemos.

Todo esto puede ser un gran elemento transformador de la escuela. No basta ser buenos gestores, hacen falta líderes con capacidad de transformar. Los procesos de transformación suelen fracasar por falta de liderazgo, de metodología o de disciplina. Hace falta una cierta audacia para atreverse a cambiar. Si hacemos lo mismo de siempre, quizá no podemos esperar resultados muy diferentes.

La velocidad del cambio es vertiginosa, la estimulación para el cambio es alta, y la reflexión y análisis sobre el cambio deben ser permanentes. Son muchos los retos a los que se expone la sociedad y el individuo, y por eso la presión transmitida a los profesores y la escuela cada vez es mayor. La escuela no debe eludir su responsabilidad y debe por tanto buscar caminos para su transformación. Es una necesidad permanente. Hay que adaptarse a los cambios sociales, a las nuevas sensibilidades, a las nuevas necesidades que se plantean, a las nuevas posibilidades pedagógicas de que disponemos. Recordando siempre que la innovación no es una simple producción de novedad, que es preciso evaluar su impacto para comprobar que aporta un nuevo valor, que realmente aporta una mejora.

Queremos que los alumnos estén siempre aprendiendo. Para contagiar ese espíritu y ese talante, todos tenemos que tenerlo, tenemos que querer estar siempre aprendiendo. Tenemos que estar abiertos al cambio, a la mejora personal e institucional. Cambiar el alumno, el profesor, la familia. Cambiar todo el conjunto de la escuela. Cambiar en las organizaciones empresariales y los sindicatos. Cambiar en las autoridades educativas y en la acción política. La educación necesita personas que tengan el liderazgo necesario para superar viejas confrontaciones. ¿Cómo vamos a educar en el trabajo colaborativo si no colaboramos todos los que tenemos responsabilidades a la hora de educar?

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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Hace unos pocos años, en torno al 2015, la fragmentación política que supuso el alejamiento del bipartidismo en España, así como el cansancio de la politización del debate educativo, generó la esperanza de un nuevo escenario en el que todos podían pensar más en un gran pacto por la educación, como resultado de un gran acuerdo de Estado apoyado en la responsabilidad general de todos los partidos cara a la educación de las nuevas generaciones, que fuera capaz de prescindir de los intereses momentáneos de cada grupo político.

Todos los partidos encabezaron por entonces sus programas con llamamientos al pacto nacional por la educación. Se hizo mucho énfasis, también en las organizaciones sociales, en ser responsables y generosos a la hora de alcanzar acuerdos, pensando siempre en el bien de la educación y no en otros objetivos. Estaba claro entonces, y ahora, que las principales barreras contra ese pacto provienen de intereses ajenos a la educación, y que quienes usan la educación para lucrar réditos políticos demuestran una notable falta de rectitud.

La realidad del devenir de los siguientes años no ha sido muy exitosa en ese sentido. La sociedad está cansada de la ideologización del debate educativo y de los frentismos políticos en los que parece que importa más rebatir las ideas de otros que buscar solución a los problemas. Por eso el debate sobre educación en nuestro país mantiene un sesgo político e ideológico que lleva a debatir asuntos colaterales y acaba impidiendo abordar los temas realmente importantes.

La educación no necesita ir contra nadie. No sobra nadie en esta grande y noble tarea de educar. Hay que evitar ese frentismo del que hemos hablado, que se manifiesta en dualidades del tipo pública versus concertada, o laico versus confesional, o izquierdas versus derechas, o conservador versus progresista. Porque al final son retóricas maniqueas que contaminan los debates y quitan del horizonte la verdadera búsqueda del bien del alumno, de las familias, de los profesores, de los centros, de toda la comunidad educativa y la sociedad en general. El pacto educativo debe proteger la diversidad de centros, que garantiza una oferta plural.

Es preciso apostar por una educación de calidad, plural, accesible a todos. Apostar por la equidad, por la igualdad de oportunidades, por la mejora continua de la educación, una buena educación sin apellidos, sea pública, privada o concertada.

Quienes trabajamos en la enseñanza privada o concertada debemos ser también personas con un profundo aprecio por la escuela pública, precisamente porque tenemos un profundo aprecio por la pluralidad y queremos trabajar codo con codo con todos. Queremos poder mirar a la cara a la gente y decirles que ponemos la educación en primer lugar, por encima de los intereses de nadie.

Me gusta citar a Ángel Gabilondo, cuando decía que para alcanzar un pacto lo que hace falta es «más generosidad y más amor a la educación». Dejar en segundo plano los intereses políticos particulares y centrarse con generosidad en lo que de verdad necesita la educación.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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Tener una buena ley, y tener una mejor financiación, sería sin duda una gran ayuda. Pero tampoco debe pensarse que basta con eso para encontrar una buena y rápida solución a nuestros problemas.

Con la misma ley, tenemos en España territorios con unos resultados magníficos (equiparables o superiores a los de Finlandia, por ejemplo) y otros territorios con resultados que se acercan a lo desastroso. Por tanto, parece que el problema para tener buenos resultados no depende demasiado de las leyes.

También podemos ver que tenemos comunidades autónomas con una financiación muy generosa de la educación pero que arrojan resultados medianos en las evaluaciones internacionales. Y otras comunidades autónomas con una financiación de aproximadamente la mitad que las anteriores, que tienen unos resultados excelentes. Luego tampoco parece que una buena financiación garantice buenos resultados. En esto sucede como en las familias: tener más dinero no asegura que eduques mejor a tus hijos, porque depende mucho de cómo emplees ese dinero. No quiero caer en simplificaciones con esto, me limito a señalar que es importante tener presupuesto, pero es igualmente importante administrar bien ese presupuesto.

Una buena ley, con un buen acuerdo de Estado por la educación, permitiría enfriar la contienda ideológica en torno a la educación, y sobre todo permitiría que todos nos centráramos más en los problemas reales de la educación.

Hace falta personas que tengan el liderazgo necesario para superar viejas confrontaciones. Personas que piensen en mejorar la educación y no en enfrentar posiciones. Personas que no quieran legislar contra los demás sino crear marcos normativos en los que quepan todos. Personas que no piensen que se arregla la educación cambiando una ley: es preciso cambiar el ambiente en torno a la educación, crear un clima de colaboración, de no excluir al otro. La solución está sobre todo en crear nuevas actitudes, no simplemente en un texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Lo más importante del pacto es lograr un espacio de calma que aleje de la escuela los intereses y vaivenes políticos.

Debe haber un acuerdo sobre temas como la evaluación, la autonomía de los centros, la enseñanza concertada, la selección y formación del profesorado, la asignatura de religión, etc. Pero lo importante es que la educación deje de ser arma arrojadiza en el debate político.

La seguridad, la convivencia, la innovación, la evaluación, la comunicación… son ejemplos de puntos concretos en los que mejorar. Un buen educador siempre debe albergar un espíritu de renovación, una cierta insatisfacción con el presente, un deseo de mejorar, de no acomodarse, de despertarse y despertar a otros. Es preciso reflexionar con profundidad sobre el escenario actual y futuro de la educación. Reflexionar sobre las demandas reales de las familias y la efectividad de cada uno de los aspectos de cada oferta educativa. Aprender a evaluar mejor, a trabajar con criterios más profesionales, a hacer la excelencia más accesible a todos, seguir apostando por la equidad y la igualdad de oportunidades, hacer que la escuela sea más eficiente, más solidaria, más segura, más excelente, más innovadora.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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Quien conozca un poco a fondo los debates sobre derechos y libertades en la enseñanza sabe bien que no son cuestiones sencillas ni obvias. Y sabe también que con facilidad se constituyen bloques ideológicos en los que apenas hay apertura a las ideas de otros sino una simple defensa poco meditada de los estereotipos que tradicionalmente se han alineado en uno u otro lado.

Quizá por eso en educación importa especialmente reconocer la complejidad de las cosas y evitar la tendencia a simplificar las opiniones de otros para rebatirlas fácilmente. No suele haber respuestas sencillas para problemas difíciles. Y en educación tampoco suele haber cuestiones sencillas ni respuestas fáciles.

Todos debemos ser personas comprometidas con la educación, personas con un profundo sentido social, que dedican grandes esfuerzos al servicio de la educación de las jóvenes generaciones, conscientes de la enorme responsabilidad que con ello asumimos.

Necesitamos seguridad jurídica para hacer proyectos ambiciosos a largo plazo que añadan valor a la educación en nuestra sociedad. Necesitamos seguridad para poder hacer planes a largo plazo sin estar temiéndonos la enésima reforma política de la educación. Necesitamos que cada reforma no haga tierra quemada con lo anterior. Necesitamos que no se legisle contra nadie, porque nadie sobra en educación, hacemos falta todos, hay que sumar todas las fuerzas y desenmascarar a los que buscan beneficios personales dividiendo a los que trabajamos por la educación, una estrategia verdaderamente infame.

Establecer frentes es equivocar el enemigo. El enemigo es el fracaso escolar, el abandono escolar, los modestos resultados en las evaluaciones internacionales, las clases mal impartidas, la mala atención a los alumnos o familias, el empleo ineficiente del dinero público, un dinero que es de todos y no de quien lo administra. No es tiempo ya de descalificaciones simples que solo descalifican a quienes las hacen. No es tiempo ya de enfrentar a pública y concertada en vez de afrontar los verdaderos problemas que cada uno tenemos. Todos sabemos que esos elevados índices de fracaso escolar y abandono temprano generan múltiples problemas sociales, muy dolorosos y muy bien conocidos por quienes trabajamos en el mundo de la educación.

La educación en España tiene muchos problemas. Basta con ver unos cuantos de los principales indicadores internacionales. Es preciso admitirlo y no negar la realidad. Tenemos que dar ejemplo de unidad ante esos problemas. Juntos podemos mejorar la educación. Lo que no debe haber son luchas de egos, disputas por ridículos protagonismos políticos o sociales, estrategias que se alimentan de resentimientos o revanchismos.

Hay que estar dispuestos a ceder todos un poco, por amor a la educación. Es necesario para desmarcarse de retóricas vacías. Para pactar no hace falta que todos pensemos lo mismo. Basta un poco de amor por la pluralidad, un poco de respeto a la diversidad y un poco de tolerancia y de espíritu democrático. Saber trabajar con los que piensan diferente sin pretender su progresiva exterminación. Confiar en los demás para otorgar más autonomía. Estar dispuestos a ser evaluados para rendir cuentas del dinero (público o privado) que recibimos, de la autonomía que nos dan.

Quizá parece que hablo demasiado de alcanzar acuerdos. Cada día que pasa veo más necesario hacerlo. Veo cómo se producen debates ficticios sobre problemas inexistentes. Y, al mismo tiempo, cómo se orillan los problemas reales. Todo por ese frentismo del que hemos hablado. Por buscar en el otro las causas de los problemas en vez preocuparse en cómo mejorar cada uno: cada alumno (es importante no dejar de nombrarlo en primer lugar, pues es quien debe tomar las riendas de su recorrido personal), cada familia, cada profesor, cada centro, cada administración educativa, cada responsable político.

Hay bastante coincidencia en lo principal. Renunciemos a victorias políticas en detalles que son un flaco servicio a la educación. No añadamos problemas nuevos inventando conflictos que ya han sido resueltos pacíficamente y no obligan a nadie. No queramos imponernos sobre la voluntad de las familias cuando desean acudir a un centro o a otro. Busquemos un modelo plural, abierto, tolerante. Es lo que demanda nuestra sociedad y lo que espero que todos sepamos hacer.

Debemos centrarnos en un mensaje y un enfoque siempre proactivo, de clara esperanza, de esfuerzo, de superación. Centrarnos en un relato que resulte realmente inspirador para toda la comunidad educativa, lograr entre todos prestigiar la figura del educador, trabajar desde la familia para que el profesorado tenga cada vez mejor consideración y reconocimiento social. Un empeño de todos que permita atraer el mejor talento para la educación.

Insistiría en eso, en que debe atraer a los mejores. Tenemos que hacer ver a toda la sociedad la importancia que tiene dar una mejor formación a la siguiente generación. Los que tenemos cierta edad hemos sido testigos de innumerables avances científicos y técnicos, de un gran desarrollo social. No podemos fracasar en la educación de la nueva generación, de quienes tomarán nuestro relevo. Tenemos que trabajar todos ─familias, profesores, alumnos, autoridades educativas y toda la sociedad─ con un profundo sentido de servicio, con una gran conciencia de nuestra responsabilidad en la transmisión de valores democráticos, éticos, ciudadanos, de convivencia. Tenemos que poder mirar a la cara a la gente y decirles que ponemos la educación en primer lugar, que queremos servir a los intereses de nuestra sociedad y que tenemos un papel importante en ayudar a las nuevas generaciones a estar a la altura de los grandes retos que tenemos en el horizonte.

Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021

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Resumen: La descentralización educativa es un principio positivo que debe ir vinculado a un sistema efectivo de rendición de cuentas ante la administración educativa y ante el conjunto de la sociedad. La autonomía puede considerarse en el ámbito del currículum, de las competencias, de la evaluación, de la gestión de cada centro, del profesor, así como en la participación de la comunidad educativa y en la participación de la iniciativa social en la gestión del espacio público.

Palabras clave: descentralización, autonomía, currículum, competencias, evaluación, rendición de cuentas, centro, profesor, consejo escolar, territorios, inspección, equidad, espacio público.

Alfonso Aguiló, Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza

Tener claro qué se busca al descentralizar

Es habitual referirse a la descentralización como una cuestión siempre positiva. Y es igualmente habitual, por el contrario, hablar de centralización como algo negativo y casi siempre ligado a actitudes autoritarias. El lenguaje, en este caso, apuesta sin duda por las bondades de la idea de descentralizar, casi siempre envuelta en un contexto de confianza y de libertad.

Sin embargo, es evidente que la mayoría de las políticas públicas necesarias en educación serían imposibles sin unas competencias centralizadas suficientemente fuertes. Sin una política común enérgica habría sido muy difícil salir del analfabetismo, combatir las grandes desigualdades sociales o territoriales, o acometer los problemas puntuales que se dan a veces en determinados ámbitos y que solo pueden resolverse desde una administración superior.

También es claro que cualquier política de descentralización, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, desplazando la mayoría de las competencias hasta el último extremo de su periferia, acabaría por malograr la vocación de conjunto necesaria en cualquier colectivo humano que se agrupe bajo una misma identidad.

La descentralización debe buscar siempre una mejora en la prestación del servicio educativo y, precisamente por eso, ha de ir siempre acompañada de sistemas y mecanismos de rendición de cuentas que permitan acreditar su efecto positivo.

Descentralización del currículum

Cuando se habla de descentralización, un primer ámbito en que suele pensarse es en la descentralización del currículum. En nuestro país, se han sucedido diversos criterios a la hora de asignar porcentajes del currículum a la normativa básica del Estado, a las comunidades autónomas y a los propios centros.

La experiencia ha demostrado que resulta positivo que cada territorio pueda hacer una adaptación de su currículum, y más aún cuando en él hay una lengua cooficial que precisa de un espacio lectivo semanal. A veces se ha criticado esta descentralización del currículum diciendo que nos está llevando a 17 sistemas educativos, pero la realidad es que luego las diferencias no son tan grandes. Es fácil observar que, al final, en casi todos los países del mundo se acaban estudiando prácticamente las mismas materias, y que no hay tanta heterogeneidad como a veces se dice. El hecho de que en España hayamos asimilado varios millones de chicos y chicas procedentes de la inmigración, y por tanto con un currículum previo diferente, y todo ello sin mayor dificultad, demuestra que no es tan necesario que todo el mundo estudie exactamente lo mismo y al mismo ritmo en todo el territorio del Estado.

También es positivo dejar un margen de autonomía curricular a los propios centros, como ya se ensayó en 2011 en la Comunidad de Madrid y ahora recoge felizmente la nueva LOMLOE cuando propone que los centros educativos sean autónomos para determinar el 10% del currículum. Hay que decir que la experiencia de Madrid, donde se llegó a tener bastante más margen de autonomía en ese sentido, es que pocos centros llegaron a emplear esa capacidad, lo cual demuestra que la autonomía del currículum no es una reclamación tan general como se pensaba.

Descentralización de competencias

Las competencias en educación son siempre otro gran capítulo siempre presente cuando se habla de descentralizar. El escalonamiento de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas (o regiones, o grandes ciudades) y los ayuntamientos está presente de alguna manera en casi todos los países de Europa, sobre todo desde hace dos o tres décadas.

En algunos de ellos, por ejemplo, ese escalonamiento deja la educación infantil en manos de los ayuntamientos, la primaria en de las ciudades o regiones y la secundaria queda como competencia estatal. En otros países, los municipios o los distritos tienen un papel mucho más relevante. En España, el Ministerio se ha quedado con poco más que la capacidad normativa básica (la estructura de las etapas educativas, titulaciones, una parte común del currículum, los cuerpos docentes estatales) y la Alta Inspección para asegurar su cumplimiento y efectividad, mientras que los ayuntamientos apenas tienen competencias, quedando casi todas las competencias ejecutivas en manos de las comunidades autónomas.

Esta opción de nuestro país se ha revelado como un modelo de éxito, después de más de veinte años desde su total despliegue, pues ha permitido acercar al ciudadano servicios públicos antes excesivamente centralizados, y todo ello sin perder la necesaria unidad como sistema educativo nacional. El hecho de que las comunidades autónomas gestionen todas las etapas educativas supone también una mejor coordinación entre ellas, cuestión no siempre sencilla cuando están atribuidas a diferentes ámbitos competenciales.

Descentralización de la evaluación

Cuando se habla de descentralizar el currículum y las competencias, es natural que de inmediato salga a debate la cuestión de la descentralización de la evaluación.

Hace ya tiempo que se ha comprobado que la evaluación, si sus resultados se hacen públicos con transparencia, puede acabar teniendo más fuerza que el propio currículum, pues es inevitable que los profesores, los alumnos, las familias y las propias escuelas se acaben guiando más por los resultados en esas pruebas que por cualquier otra cosa.

Eso tiene consecuencias negativas, sobre todo si esas pruebas no están bien diseñadas, pero también otras que son bastante positivas. Las diferencias a este respecto entre la LOMCE y la LOMLOE lo reflejan con claridad. La LOMLOE limita la evaluación casi a fines diagnósticos, y la LOMCE buscaba también una transparencia pública en los resultados como mecanismo de estímulo y de mejora. Las dos tienen su lógica y sus argumentos, y pienso que una síntesis de ambas sería la mejor solución.

He visitado muchos países en los que la publicación de resultados les ha hecho mejorar de un modo muy eficiente, y he visitado otros lugares en los que la fiebre del ranking y la competitividad genera unos ambientes y unas dinámicas nada positivas.

Es preciso estudiar con mucha seriedad un sistema de evaluación independiente, que esté en permanente adaptación y mejora, con suficiente transparencia, que aúne por un lado el efecto positivo del estímulo frente a otros que lo hacen mejor, y por el otro, y sobre todo, el diagnóstico temprano y acertado de los problemas de los alumnos o los centros para poner con diligencia el remedio necesario.

La evaluación suele ser más útil cuantas más referencias tiene respecto a ámbitos territoriales y sociales más amplios, y por eso es recomendable que se haga a un nivel más alto del que corresponde a la propia gestión. Si el que evalúa es el mismo que gestiona, es inevitable que tienda a esconder sus propios puntos de ineficiencia o mediocridad. Por eso es positivo que la evaluación proceda de un organismo que posea cierta independencia y que trabaje a un nivel superior, y es positivo a su vez someterse a evaluaciones internacionales que ayuden a cada país a situarse en la realidad de sus resultados.

Todos sabemos que los resultados en una determinada prueba no lo son todo, y que tienen un valor relativo, y que nadie pretende que sean una evaluación completa sobre el servicio que se presta, pero la solución tampoco puede ser la de abominar de las evaluaciones, tanto si es por la vía de la descalificación como si es con el argumento de que generan inequidad. En todas las aulas se evalúa constantemente, y el buen profesor sabe hacerlo de modo que ayude a todos a esforzarse, y sabe hacerlo de modo que no genere inequidad. Es preciso buscar el modo de que los resultados de las evaluaciones se empleen de un modo favorable a la equidad y no como mecanismos de competitividad que aumenten la brecha social.

Es cierto, como ya hemos comentado, que se corre el riesgo de crear un currículum propio basado en lo que se evalúa, pero también es cierto que si, para evitar ese inconveniente, se descentraliza demasiado la evaluación, esta pierde su utilidad comparativa al no permitir valoraciones con suficiente homogeneidad e independencia. También en esto es necesaria una mayor capacidad de acuerdo para crear una evaluación con un amplio consenso (por ejemplo, al menos en las materias comunes), que permita tener una visión real y transparente de los avances en rendimiento y en equidad en todo el territorio del Estado.

Autonomía de los centros

Ya hemos dicho que la autonomía es en sí misma un concepto positivo. Pero sería demasiado simple pensar que cuanta más autonomía haya, todo irá mejor. O que cualquier asunto que limite la autonomía es una falta de confianza y un acto de autoritarismo. Está bastante demostrado, y no solo en la enseñanza, que mayor autonomía sin una correspondiente rendición de cuentas, no genera en absoluto mejores resultados.

La autonomía debe ir creciendo a medida que se comprueba la responsabilidad local y la capacidad de autogestionarse, y por eso cabe incluso que la autonomía sea diferente según los resultados. Los centros que demuestren mejor capacidad de gestión podrían optar a mayores cotas de autonomía si realmente pueden acreditar un rendimiento adecuado. Por eso la autonomía debe ir ligada a la evaluación y la rendición de cuentas. Quien se resiste a ser evaluado y a rendir cuentas de los recursos económicos y humanos recibidos, a mi juicio resulta sospechoso de que reclama autonomía para su simple comodidad. La autonomía no es un fin en sí mismo, como sí lo es prestar un servicio cada vez mejor, y eso siempre ha de ser de alguna manera evaluado, tanto por la administración educativa como por el conjunto de la sociedad. Y el centro que no va bien, debe perder autonomía y ser intervenido para implantar planes de mejora que eviten que los alumnos de ese centro paguen las consecuencias de esos problemas.

Un punto decisivo al hablar sobre la autonomía de un centro es su capacidad para formar el equipo de profesores. En muchos países, sobre todo en el entorno anglosajón, el equipo directivo de los centros públicos posee un amplio margen de decisión en ese sentido, pero en nuestro país no tiene prácticamente ninguno. Solo en Cataluña en 2014 se hizo un tímido intento por el que los directores de escuelas públicas podían elegir a parte de los docentes para ajustar los perfiles a su proyecto educativo. No se trata de hacer cambios bruscos, pero sí convendría sondear posibles fórmulas que lo faciliten, o que al menos permitan crear claustros especiales para así poder remontar centros en situación de especial dificultad. No es muy realista pensar que se puede lograr sacar un centro de una situación de bajo rendimiento si no se tiene ninguna capacidad para formar un nuevo equipo.

Otra queja habitual en los centros públicos y concertados es el exceso de burocracia, que resta un tiempo que sería mejor empleado en la atención del alumnado y las familias. Sería deseable reducir un poco los trámites en las áreas donde son menos necesarios y dejar libertad de decisión a los centros, siempre sometida al necesario control a posteriori a través de la inspección educativa.

También cabe hacer una breve mención a la flexibilidad en cuanto a las titulaciones del profesorado. Es obvio que resulta necesario precisar qué estudios o títulos debe poseer un profesor para impartir determinada materia. Pero debería haber un cauce no demasiado complicado de habilitación de otras personas de reconocida capacidad. Del mismo modo que resulta sorprendente que una universidad española no pueda ofrecer una cátedra a un premio nobel, llama la atención que una escuela no pueda contar por un tiempo con la presencia de un profesor de otro país porque resulta que conseguir la correspondiente habilitación supone un trámite casi insalvable.

Por último, en cualquier conjunto de escuelas, tanto si son públicas como si se trata de una red de escuelas privadas, hay que diseñar la descentralización de modo que se centralicen solo las tareas o funciones en que se haya comprobado que añaden valor el hecho de estar centralizadas. El objetivo debe ser que las escuelas puedan percibir como una ayuda el servicio centralizado que se le presta, y no como una carga administrativa, una ralentización, una burocracia inútil, una falta flexibilidad o un impedimento a su capacidad innovadora o de adaptación.

Autonomía del profesor

En esta reflexión sobre la descentralización en la enseñanza, si continuamos hasta el último eslabón de la cadena del servicio educativo, hasta el aula, nos encontramos con la autonomía del profesor. La idea de la libertad de cátedra es uno de los derechos que más se desarrolló, desde el siglo XIX, con idea de que el profesor no fuera un simple engranaje en una cadena de transmisión de conocimiento. El profesor debe tener su lógica autonomía, como es evidente, igual que debe tener su lógica rendición de cuentas, como todos, desde las más altas autoridades hasta las más bajas.

Si las políticas públicas inciden demasiado en lo que tiene que explicar el profesor, y a veces está sucediendo, estaríamos ante estilo autoritario de gobierno. Y cuando el profesado se resiste a rendir cuentas de su tarea, olvida que está ahí para prestar un servicio, y que ese servicio debe ser evaluado, pues las personas a las que se presta ese servicio tienen derechos, como los tiene él. Un profesor recibe un sueldo (sea con público o privado), y recibe sobre todo la confianza de la educación de unas personas, y es natural que deba rendir cuentas de cómo lo hace.

Participación de la comunidad educativa

Se podría hablar también de otro interesante ámbito de descentralización que es la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares. Es también un modo de reducir la verticalidad del modelo de gobierno y así incorporar en determinadas funciones a los diferentes ámbitos de la comunidad educativa. El artículo 27.7 de la Constitución señala que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.”

La implicación de los profesores, de los padres y los alumnos puede ser un excelente modo de generar una mayor inteligencia colectiva en la escuela, sin caer en estilos demasiado asamblearios o que dificulten el necesario ejercicio de la autoridad. También cabe señalar que la Constitución habla solo de esos elementos, no menciona en absoluto a representantes municipales u otros que poco o nada tengan que ver con la vida de la escuela en el caso de los centros concertados.

Contar con la sociedad civil en la gestión del espacio público

Desde otro enfoque, podría hablarse por último de la descentralización educativa en el sentido de contar con la iniciativa social en la gestión del espacio público. Me refiero a la existencia de centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos, una realidad habitual en casi todos los países de Europa y que en España se conoce como enseñanza concertada.

Es cierto que la red pública puede y debe ser el eje vertebrador de la enseñanza, pero si eso se quisiera desarrollar prescindiendo de la demanda social de las familias, sería a costa de un fuerte recorte de derechos y de rebajar la calidad del servicio que se presta. Cuando unas familias desean un determinado tipo de centro, que naturalmente cumple con todas las normativas previstas, y lo han elegido libremente, y ese centro cuenta con una clara demanda social, sería un desatino invocar razones centralizadoras para retirar el concierto a esas aulas con objeto de llenar aulas públicas con baja demanda. Si hay aulas públicas con baja demanda será porque no funcionan bien, y lo que necesitan entonces es un buen diagnóstico de sus problemas y un remedio acertado, no simplemente llenarlas con quienes no desean ir a ese centro.

Eliminar aulas concertadas con la excusa de que hay plazas públicas libres sería una falacia, porque entonces bastaría con construir masivamente centros públicos para lograr que en poco tiempo desaparezca la enseñanza concertada y con ella la pluralidad de oferta y la libertad de enseñanza. Entonces, solo las familias más pudientes podrían ir a un centro distinto del público, y la pluralidad sería un privilegio exclusivo de los ricos.

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Descentralizar con sentido

• Autores: Alfonso Aguiló Pastrana
• Localización: Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 516, 2021, págs. 6-10