Es habitual referirse a la descentralización como una cuestión siempre positiva. Y es igualmente habitual hablar de centralización como algo negativo y casi siempre ligado a actitudes autoritarias. El lenguaje, en este caso, apuesta sin duda por las bondades de la idea de descentralizar, casi siempre envuelta en un contexto de confianza y de libertad.
Sin embargo, es evidente que la mayoría de las políticas públicas necesarias en educación serían imposibles sin unas competencias centralizadas suficientemente fuertes. Sin una política común enérgica habría sido muy difícil salir del analfabetismo, combatir las grandes desigualdades sociales o territoriales, o acometer los problemas puntuales que se dan a veces en determinados ámbitos y que solo pueden resolverse desde una administración superior.
También es claro que cualquier política de descentralización, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, desplazando la mayoría de las competencias hasta el último extremo de su periferia, acabaría por malograr la vocación de conjunto necesaria en cualquier colectivo humano que se agrupe bajo una misma identidad.
La descentralización debe buscar siempre una mejora en la prestación del servicio educativo y, precisamente por eso, ha de ir siempre acompañada de sistemas y mecanismos de rendición de cuentas que permitan acreditar su efecto positivo.
Cuando se habla de descentralización, un primer ámbito en que suele pensarse es en la descentralización del currículum. En nuestro país, se han sucedido diversos criterios a la hora de asignar porcentajes del currículum a la normativa básica del Estado, a las comunidades autónomas y a los propios centros.
La experiencia ha demostrado que resulta positivo que cada territorio pueda hacer una adaptación de su currículum, y más aún cuando en él hay una lengua cooficial que precisa de un espacio lectivo semanal. A veces se ha criticado esta descentralización del currículum diciendo que nos está llevando a 17 sistemas educativos, pero la realidad es que luego las diferencias no son tan grandes. Es fácil observar que, al final, en casi todos los países del mundo se acaban estudiando prácticamente las mismas materias, y que no hay tanta heterogeneidad como a veces se dice. El hecho de que en España hayamos asimilado varios millones de chicos y chicas procedentes de la inmigración, y por tanto con un currículum previo diferente, y todo ello sin excesiva dificultad, demuestra que no es tan necesario que todo el mundo estudie exactamente lo mismo y al mismo ritmo en todo el territorio del Estado.
También es positivo dejar un margen de autonomía curricular a los propios centros, como ya se ensayó en 2011 en la Comunidad de Madrid y ahora recoge felizmente la LOMLOE cuando propone que los centros educativos sean autónomos para determinar el 10% del currículum. Hay que decir que la experiencia de Madrid, donde se llegó a tener bastante mayor margen de autonomía en ese sentido, es que pocos centros llegaron a emplear esa capacidad, lo cual demuestra que la autonomía del currículum no es una reclamación tan general como se pensaba.
Las competencias en educación son siempre otro gran capítulo siempre presente cuando se habla de descentralizar. El escalonamiento de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas (o regiones, o grandes ciudades) y los ayuntamientos está presente de alguna manera en casi todos los países de Europa, sobre todo desde hace dos o tres décadas.
En algunos de ellos, por ejemplo, ese escalonamiento deja la educación infantil en manos de los ayuntamientos, la primaria en las de las ciudades o regiones y la secundaria queda como competencia estatal. En otros países, los municipios o los distritos tienen un papel mucho más relevante. En España, el Ministerio se ha quedado con poco más que la capacidad normativa básica (la estructura de las etapas educativas, titulaciones, una parte común del currículum, los cuerpos docentes estatales) y la Alta Inspección para asegurar su cumplimiento y efectividad, mientras que los ayuntamientos apenas tienen competencias, quedando casi todas las competencias ejecutivas en manos de las comunidades autónomas.
Esta opción de nuestro país se ha revelado como un modelo de éxito después de más de veinte años desde su total despliegue, pues ha permitido acercar al ciudadano servicios públicos antes excesivamente centralizados, y todo ello sin perder la necesaria unidad como sistema educativo nacional. El hecho de que las comunidades autónomas gestionen todas las etapas educativas supone también una mejor coordinación entre ellas, cuestión no siempre sencilla en los países en que están atribuidas a diferentes ámbitos competenciales.
Cuando se habla de descentralizar el currículum y las competencias, es natural que de inmediato salga a debate la cuestión de la descentralización de la evaluación y de su influencia en el currículum, pero todo eso ya lo hemos comentado en un epígrafe anterior.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021