La estrategia es casi tan vieja como el hombre: lavar la mala conciencia de uno atribuyendo al adversario las propias culpas. En lugar de plantear un auténtico debate entre quienes aspiran a defender la verdad, por cierto todos menos los casi inexistentes genuinos escépticos, se tilda al otro de cometer los propios errores. El anticlericalismo es cosa del pasado; lo de hoy es pues cristofobia, o, quizá más aún, propósito de hacerse con la exclusiva de la verdad, eso sí, laicista y mundana, y falsamente democrática.
El cristianismo no es antimoderno, sino premoderno. Pura cronología. La modernidad, como dijo Ortega y Gasset, es el fruto tardío de la idea de Dios. Por supuesto, del Dios cristiano. Difícilmente puede uno ser hostil a sus propios hijos. Otra cosa es que la modernidad revista dos formas: una correcta y otra extraviada. El cristianismo sólo se opone a esta versión extraviada de la modernidad. Es pura falsedad atribuir a la Iglesia católica española la pretensión de imponer a todos los ciudadanos sus creencias. No encuentro ni un solo texto o declaración episcopal que así lo justifique. Tampoco en la oposición a la asignatura de educación para la ciudadanía. Por lo demás, la oposición a la nueva asignatura obligatoria y forzosa dista de proceder sólo de ámbitos eclesiales, sino que es asumida por la oposición parlamentaria, que alberga casi a la mitad del electorado. Extraña cosa sería considerar fruto del consenso democrático a lo que es repudiado por la mitad, al menos, de los ciudadanos. Quien atribuye a la Iglesia católica española la intención de considerar como modelo a Irán, o miente o está equivocado de manera culpable.
Es imposible atribuir de buena fe a la jerarquía eclesiástica la voluntad de imponer por ley a todos los ciudadanos la educación según la fe católica. Por el contrario, lo que pretende es, invocando la Constitución, preservar el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. No se trata de imponer la formación moral y religiosa católica a todos, sino de permitir que la Iglesia proponga libremente su mensaje y pueda enseñarlo a aquellos que lo elijan. Pura cuestión de libertad. Libertad que vulneran quienes quieren imponer el laicismo obligatorio.
Por lo demás, tergiversando el genuino sentido de la democracia, exigen a los demás lo que ellos mismos no asumen. La democracia no excluye de su seno a quienes aspiran a conocer la verdad moral, pues ella no se ocupa de la moral, sino del derecho. Y, por cierto, ningún grupo ni partido político abdica de su pretensión de verdad. Al parecer, sólo se exige este sacrificio a los creyentes católicos. Lo que exige la democracia es la renuncia a imponer las propias convicciones mediante la fuerza de la ley, pero no la renuncia a las propias convicciones. El pacifista no tiene por qué renunciar a sus convicciones porque el Gobierno o la mayoría parlamentaria decidan algo contrario a ellas. Tampoco quien defiende la economía socialista o la escuela única y laicista. ¿Acaso sólo los católicos estarían obligados a semejante renuncia? Al parecer, para los nuevos torquemadas del laicismo totalitario, la verdad es el resultado del consenso al que lleguen quienes renuncien a la verdad.
La falacia de su pretensión se desenmascara en el mismo momento en el que pasan a la oposición. Entonces, la verdad ya no se encuentra en la decisión del Gobierno legítimo ni en la mayoría parlamentaria que lo apoya, sino en su pura ideología totalitaria. Es una estrategia tan antigua como falaz: los enemigos de la libertad se presentan como sus defensores.