Igualdad de oportunidades de acceso, pero… ¿acceso a qué? ¿Todos a lo mismo? En una democracia moderna, ¿podemos contentarnos con que todos reciban la misma educación, decidida, planificada e impartida siempre y solo por quienes manejan los resortes de los poderes públicos? ¿No corre entonces el peligro de convertirse en una palanca de uniformización, en una fácil tentación de establecer dinámicas de adoctrinamiento, al haber concentrado solo en ellos una responsabilidad tan enorme?
Es obvio que todos los ciudadanos deben tener una igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza, a la cultura, al saber, a sus posibilidades de llegar a un empleo digno en el que se realicen como personas. Pero parece obvio también que la igualdad de oportunidades debe ir ligada a la pluralidad de caminos que tomar. Una igualdad de oportunidades que se limite a que todos hagan lo mismo sería una caricatura de la igualdad, un engaño propio de regímenes autoritarios ya bastante desenmascarados en sus promesas de igualación.
Siempre he pensado que para que una democracia continúe siendo siempre una democracia, ha de poner especial cuidado en que haya un gran respeto a la pluralidad en los principales ámbitos del espacio público, como son el espacio político, el sindical, el de la educación y el de los medios de comunicación. En el espacio político es obvio que no debe pensarse en un partido único, o en un sindicato único, pero igualmente sería desastroso para la democracia pensar en una escuela única, o en unos únicos medios de comunicación exclusivamente públicos. Si no hay un sistema plural de medios de comunicación y un sistema educativo plural, será muy fácil para los poderes públicos caer en la tentación de la propaganda o el adoctrinamiento, lo que haría difícil preservar una efectiva pluralidad de pensamiento, que obviamente es fundamental para que una democracia se mantenga realmente como tal.
Hemos superado felizmente los tiempos del partido único, del modelo único, de la censura previa, de la falta de libertad de expresión o de asociación. Es fundamental que nadie se arrogue, retorciendo la realidad de las cosas, el derecho a imponer un modelo único. Y, por eso, decir que toda la enseñanza debe ser pública, como a veces se sigue escuchando, es al menos tan ridículo como decir que solo puede haber medios de comunicación públicos.
La libertad de educación es imposible sin pluralidad de instituciones educativas. Y es obvio que la pluralidad debe ir unida a la financiación: si no, solo los ricos podrían elegir. Con esa financiación pública de la enseñanza privada se hace una gran aportación a la pluralidad y a la calidad, por el efecto positivo de la concurrencia de modelos y proyectos y titulares muy diversos.
Además, lo habitual es que la escuela privada tenga un menor coste, lo que incluso permite aliviar las finanzas públicas y por tanto incluso financiar así mejor la enseñanza pública. En todo caso, es importante aclarar que la enseñanza privada subvencionada no ha de existir para llegar a donde no llega la enseñanza pública, o porque sea más barata, sino para que todos puedan elegir una escuela financiada dentro de una oferta plural. Está claro que cualquier Estado podría en pocos años construir nuevos edificios y dotar plazas de docentes hasta llegar a una educación pública única. Y si no lo hace no es por falta de capacidad, sino porque sería un grave atentado contra el pluralismo social. En una sociedad democrática no cabe el sindicato único, ni el partido único, ni la prensa única, ni tampoco la escuela única.
Este objetivo de pluralidad, concurrencia, equidad y eficiencia, ha sido asumido con bastante normalidad por la mayoría de los países occidentales. Las fórmulas de financiación de la enseñanza privada pueden ser muy diversas: a la familia o al centro; por alumno o por aula; entregada directamente al centro o en pago delegado al profesor; según un módulo fijo o según el nivel de renta familiar; con financiación directa o indirecta de edificios; etc. Cada una de esas soluciones tiene sus ventajas e inconvenientes, que deben ser analizadas en un debate serio y bien documentado.
Sin embargo, se siguen escuchando con frecuencia voces que se alzan contra la financiación de la enseñanza privada. Por ejemplo, de quienes repiten afirmaciones del estilo de «El dinero público, para la escuela pública», o «El que quiera enseñanza privada, que se la pague». La realidad es que en todos los países democráticos, como ya hemos dicho, es la iniciativa privada la que gestiona el espacio público de la política (si no, habría un partido público único, propio de las dictaduras). Y también son entidades privadas las que gestionan el espacio público sindical (si no, estaríamos ante los sindicatos verticales propios también de las dictaduras). Y tanto partidos políticos como sindicatos suelen recibir financiación pública, y esa financiación suele ser proporcional al número de diputados, senadores, concejales o representantes sindicales, respectivamente. Nunca esa financiación depende de la simpatía que despierten en quienes gobiernan, o según su cercanía ideológica o política al gobierno de turno. Son, o al menos deberían ser, criterios objetivos de financiación, marcados por las leyes.
¿Por qué eso es tan natural, y en cambio se ponen tantas trabas para que suceda lo mismo en la enseñanza? Lo importante no es que la educación sea pública o privada…, sino que sea buena, que haya equidad, que sea plural, que sea sostenible, que no haya adoctrinamiento. Y la misma enseñanza pública debe ser plural. Y lo que sin duda no es plural es que haya únicamente enseñanza pública, o que se discrimine abiertamente a las familias que deseen otro tipo de enseñanza.
Se entiende que los partidos políticos y los sindicatos prestan servicios esenciales, y que por eso conviene financiarlos en régimen de igualdad de oportunidades, para enriquecer la pluralidad de opciones y hacer más libre y democrática la sociedad. Pues bien, la enseñanza es también un servicio esencial, y es lógico que reciba financiación pública según sea demandada por las familias, y desde luego no según la cercanía a las ideas políticas o ideológicas de quien gobierna en cada momento.
Quienes dicen lo de que «El dinero público, para la escuela pública», ¿deberían también entonces decir que un partido o un sindicato ha de ser de titularidad pública para poder recibir dinero público? Los partidos y sindicatos son organizaciones privadas, y el hecho de que sean organizaciones privadas es algo básico para garantizar la pluralidad y la igualdad de oportunidades en democracia. De la misma manera, sin una oferta educativa plural, adaptada a los deseos reales y demostrados de las familias, el futuro de la democracia quedaría amenazado. Una educación que no fuera plural, que se impusiera a todos según un modelo único, poco a poco dejaría de ser propiamente educación para deslizarse progresivamente en diversas formas de adoctrinamiento, de la misma manera que una información que no fuera plural poco a poco derivaría en propaganda. Por eso insisto en que una educación y una información plurales son claves para la pluralidad de pensamiento y para la preservación de la democracia.
En el caso de los centros educativos católicos, hay también quien dice que eso supone que el Estado financia a la Iglesia en un país aconfesional, cuando es evidente que se subvenciona a esas escuelas (y además suele ser de modo insuficiente) solo y únicamente en la medida en que emplean ese dinero en prestar un servicio a las familias, con lo cual sería más lógico decir que se está subvencionando a esas familias, que pagan sus impuestos como todas las demás y tienen por tanto derecho a una enseñanza gratuita y plural.
Tanto las escuelas públicas como las privadas deben tender a dar satisfacción a los derechos fundamentales y a los fines educativos generales señalados por la Constitución de cada país. Unas y otras instituciones escolares deben ser convergentes y complementarias entre sí, y esto ha sido reiteradamente subrayado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De vez en cuando se plantea el dilema de si debe pensarse en una escuela plural o mejor en una pluralidad de escuelas, pero es difícil asegurar la pluralidad si todas las escuelas gratuitas dependen de los poderes públicos. También suele plantearse si la iniciativa escolar privada debe ser subsidiaria de la escuela pública, o deben tratarse en plano de igualdad, y parece más acorde con la pluralidad que la escuela privada tenga acceso a la financiación pública cuando haya demanda suficiente, pues será siempre una garantía de la deseada pluralidad.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021