CIUDAD DEL VATICANO, 26 agosto 2001 (ZENIT.org).- El anuncio del presidente George W. Bush de ofrecer financiación pública limitada a la experimentación y destrucción de embriones humanos con el objetivo de estudiar las células madre (o estaminales) ha causado decepción en la Santa Sede.
El tema fue uno de los argumentos centrales que afrontaron Juan Pablo II y el presidente estadounidense, en el primer encuentro cara a cara que mantuvieron en la residencia pontificia de Castel Gandolfo el pasado 23 de julio.
«Mi decisión –declaró Bush el 9 de agosto– es permitir el uso de fondos federales para las líneas ya existentes de células embrionarias (estaminales), donde la decisión sobre la vida o la muerte ya ha sido tomada».
Bush se refería a las cerca de 60 líneas que ya existen sobre células embrionarias, obtenidas con anterioridad, a partir de embriones sobrantes en las clínicas de fertilización in vitro. Pero rechazó el uso de nuevos embriones para obtener este tipo de células.
Las células «madre» embrionarias tienen la capacidad de dar lugar, si son cultivadas, a cualquiera de los más de 200 tejidos diferentes que tiene el cuerpo humano. Ahora bien, células de este tipo se encuentran también en el organismo adulto humano y pueden ser extraídas sin ningún perjuicio para la salud.
La decisión del mandatario tiene una trascendencia decisiva, pues cerca del 90% de los fondos que se emplean en experimentación proceden de los Institutos Nacionales de Salud, que son una entidad pública.
Se trata de una decisión «perversa», afirma el teólogo Mauro Cozzoli, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma.
Según el especialista en temas de bioética, «no se puede utilizar y destruir una vida humana, en su estado inicial, aunque sea en beneficio de otra persona».
Según monseñor Cozzoli, la destrucción de embriones constituye un auténtico aborto, «algo que siempre constituye un delito contra la vida».
Además, añade, «las ciencia nos dice que existen otros caminos para obtener las células madre. El hecho de que este camino sea económicamente menos caro no es un motivo para no adoptarlo y mucho menos para emprender la vía del aborto».
El 10 de agosto, «Radio Vaticano» comentaba la noticia afirmando que en esta ocasión Bush «ha superado la frontera moral de la investigación» y «su decisión abre la puerta a desarrollos muy peligrosos».
La emisora de la Santa Sede recogió además el tajante comentario del presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Joseph Fiorenza, obispo de Galveston-Houston, quien define la decisión como «moralmente inaceptable» y recuerda que de este modo Bush ha traicionado las promesas electorales.
Durante la campaña presidencial, el entonces candidato republicano afirmó: «No permitiré el uso de dinero público para estudios que requieren la destrucción de embriones vivos».
Según Richard Doerflinger, experto de la Comisión Pro Life de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, «esas células son fruto del asesinato de embriones, del que ahora alguno sacará ventajas. Además, una vez violada la frontera moral, aumentará la presión para destruir otros embriones».
De hecho, las 60 sesenta líneas existentes de células embrionarias plantean un nuevo problema ético. El diario de los católicos italianos, «Avvenire», recordaba el 10 de agosto que la decisión presidencial traerá enormes beneficios para las empresas que han producido y patentado estas líneas celulares.
«Los centros públicos, que no podían producir estas células –explica el diario–, se verán ahora obligados a comprarlas a quien ya las tiene, con grandes ganancias para los titulares de las patentes».
Un Consejo presidencial, guiado por el experto en bioética Leon Kass, de la Universidad de Chicago, controlará la aplicación de las directivas y la utilización de unos 250 millones de dólares de financiación pública.
Tomado de Zenit, ZS01082604