Al principio, como hemos visto, las diversas libertades en el entorno de la enseñanza se plantearon con un contenido esencialmente defensivo, orientadas a limitar la acción invasiva del Estado y buscando proteger la autonomía de los ciudadanos o las personas o instituciones promotoras de centros docentes.
Pronto se vio que, solo con ese concepto de libertad, la mayoría de la población seguía siendo analfabeta. Era necesario ampliar esa demanda de libertad con el nuevo concepto de los derechos sociales o prestacionales, con los que se buscaba expresamente la intervención del Estado para garantizar unos contenidos mínimos que aseguraran el acceso de todos los ciudadanos a la educación, la sanidad u otros servicios sociales. En el caso de la educación, pronto se impuso la idea de que para dar contenido a la libertad de una persona era necesario que alcanzara un mínimo nivel de instrucción. Como escribió Unamuno años después, «solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe, y el que por saber más se ve más forzado a elegir lo mejor; solo la cultura da libertad» .
Surge así la idea de la educación vinculada al principio de igualdad. Se busca no solo la igualdad jurídica básica ante la ley, sino también la igualdad social efectiva, y para ello se piensa en el acceso general a la educación para superar las desigualdades sociales y como un modo de hacer posible el ascenso social de las personas. Son derechos que nacen para frenar las enormes desigualdades que provocaba el tradicional acceso restringido a la educación, o las desigualdades que había entre la vida en la ciudad y en el mundo rural, o la desigualdad de rentas económicas en las familias.
La aparición de esos derechos prestacionales del Estado fue resultado de un largo proceso. Se planteó ya con toda rotundidad el objetivo de la escolaridad básica obligatoria, así como la tendencia a ampliar progresivamente su duración y a que fuera gratuita, o al menos que lo fuera para quienes carecían de medios económicos. Todo aquello fue un conjunto de logros sociales importantes, que se fueron produciendo a lo largo del siglo XIX en todas las sociedades occidentales.
La realidad práctica fue que hasta que la revolución industrial no demandó con fuerza la necesidad de contar de modo masivo con una población instruida, ese derecho no llegó a materializarse de modo general. La causa es sencilla. La escolarización obligatoria universal fue considerada fundamentalmente como un deber de los padres, no siempre muy celosos en el cumplimiento de esa obligación. El Estado imponía legalmente la escolarización obligatoria y procuraba financiarla, con mayor o menor dignidad, pero no hacía un gran esfuerzo por conseguir efectivamente la escolarización universal. Los datos de analfabetismo de todos esos países en el siglo XIX y en buena parte del XX atestiguan esa falta de escolarización o, al menos, su falta de éxito alfabetizador.
Es cierto que al ser obligatoria la enseñanza, una familia ya no tenía la «libertad» de no escolarizar a sus hijos, pero con esa obligatoriedad se buscaba sobre todo proteger la libertad de los hijos, que tenían derecho a no quedarse sin acceso a la educación.
Podemos decir que el concepto de educación obligatoria y gratuita nació ya en los comienzos del siglo XIX, pero quedó como un objetivo al que se le dio muy poca prioridad respecto a otros empeños del Estado, que muchas veces entendió la educación más como medio para que las clases medias y superiores integraran los nuevos cuadros que la nueva Administración pública necesitaba.
En todo caso, esa educación obligatoria y gratuita nació como un tramo de enseñanza elemental en la que solo una pequeña parte de sus alumnos pasaba a la enseñanza secundaria y la universitaria o superior. Por ejemplo, en España, la Ley Moyano de 1857 estableció la escolarización obligatoria desde los 6 hasta los 9 años. Hasta el año 1909 no se amplió a los 12 años. Por entonces, todavía el 40,2% de la población estaba sin escolarizar, lo que da una idea de la dificultad con que avanzaba todo este proceso. Hubo que esperar a 1964 para que la escolarización obligatoria se elevara hasta los 14 años, y hasta 1990 para que se ampliara hasta los 16 años.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021