En torno a la propuesta de la Conferencia Episcopal Española, que mantiene estrecha comunicación con Hispanoamérica, para que se aceleren los trámites del proceso iniciado en 1958 en torno a las virtudes de Isabel la Católica, ha surgido una apasionada polémica, en que, curiosamente, la parte principal y más sonora corresponde a quienes están fuera de la Iglesia o, incluso, de toda religión. Esto obliga a preguntarse por las razones profundas de tal irritación. No se despiertan polémicas de esta especie en torno a otros personajes, magnificados en sus respectivos ámbitos. Para un católico la cuestión no puede ser más simple: la Iglesia cuenta con medios más que suficientes para examinar la muy copiosa documentación recogida, los argumentos a favor y en contra, tomando finalmente una decisión. No voy a cometer aquí el error de prejuzgar cuál pueda ser ésta. A mí me basta con decir que mi confianza en la Iglesia es tan completa que no me abriga la menor duda: ella sabrá bien, al final, lo que conviene hacer. Pues la cuestión no depende de nosotros, los historiadores, a quienes corresponde indagar cómo las cosas fueron en realidad.
No caigamos en dislates. Anda por ahí una página web en que se pretende decir que los judíos eran amenazados de muerte si no se bautizaban. Seriedad. Todo el mundo es libre de formular opiniones, pero la mentira es como una serpiente que devora a quien la produce. Otros pretenden decir que para ello tenía que conculcar derechos de ciudadanía. En el siglo XV, en todos los países, la ciudadanía estaba ligada al principio religioso, de modo que el no fiel podía ser un huésped tolerado y sufrido –ésta es la frase exacta que utilizan los documentos– pero no un súbdito. Al huésped, al que se le cobra una determinada cantidad por cabeza a cambio del derecho de estancia, se le podía suspender ese permiso. Lo habían hecho Inglaterra, Francia y todos los países europeos conforme llegaban a su madurez política. De modo que España fue el último. Se trata, en todo caso, de un error colectivo, general y no de una decisión personal. ¿Saben ustedes que el claustro de la Universidad de París se reunió para felicitar a los reyes por la medida que, al fin, habían tomado? Isabel fue, ante todo, una mujer. Tuvo la suerte de ser educada fuera de la Corte, librándose así de influencias perniciosas. Cuando fue mayor, ella se ocupó de los bastardos de su marido, de los del cardenal Mendoza y de los de la reina Juana, esposa de Enrique IV, justificando su conducta con el propósito de que no se perdieran. Por vez primera impuso a su marido la norma jurídica de que en Castilla las mujeres no sólo no transmiten derechos sino que pueden reinar. Y esta norma estaría vigente hasta principios del siglo XVIII en que, por razones de progreso ilustrado, se impuso la ley Sálica que nos produjo algunas hermosas guerras civiles en el siglo XIX. Firmó una ley que suprimía cualquier resto de servidumbre entre sus súbditos, después de que su marido hubiera resuelto, con admirable maestría, el problema de los remensas de Cataluña. Las tres personas que más influyeron, Teresa Enríquez, Beatriz de Silva, Hernando de Talavera compartieron el mismo grado de santidad… Si fray Hernando no está hoy en los altares, es porque –razones de humildad– los Jerónimos se prohibían a sí mismos promover procesos canónicos.
Una mujer que reinó. Es muy difícil, para nosotros, los historiadores, distinguir el papel que ella o su marido desempeñaron en los acontecimientos, ya que cuidaban mucho de aparecer juntos. Para ambos, el amor –y fue grande el que se profesaron– no era consecuencia de la atracción mutua sino del deber que conduce a una entrega. Así lo reconocieron en el momento final de su existencia. Reinar era llevar a nivel alto las obligaciones que significa la monarquía, que es aquella forma de Estado que se apoya, exquisitamente, en el cumplimiento de la ley. Tal vez lo que muchas mentalidades actuales encuentran intolerable es que afirmara, como todos los grandes pensadores de su tiempo, que la ley divina está por encima de todo: las leyes humanas positivas tienen que someterse a aquélla. En consecuencia, muchos aspectos que, hoy, resultan simplemente opinables, para las gentes de su generación, y para ella de un modo particular, estaban axiomáticamente establecidas y fuera de su control.
Probablemente es aquí en donde encontramos la clave de otras muchas cosas. Los reyes, que fueron oficialmente llamados Católicos, entendían que el Estado, naciente a la sazón, se encuentra supeditado a la noción del orden moral objetivo. Por eso, continuando una línea que el Papa Clemente VI iniciara a mediados del siglo XIV, reconocieron en los habitantes de las islas recién descubiertas a seres humanos dotados de los derechos esenciales inherentes a la persona humana, que no dependen de un acuerdo entre los hombres, sino de que son criaturas divinas. Ciertamente en esta línea de conducta –puede decirse que estamos en el primer tramo hacia la construcción de tal doctrina– ella se vio defraudada. Los encargados de ejecutar la empresa, buscando beneficios particulares, conculcaron y destruyeron muchas veces esos principios. Ésta es otra de las realidades que es preciso tener en cuenta.
Cuando, en 1958, se inició el proceso y se pidió a algunos historiadores que aportaran su ayuda y su consejo, recuerdo muy bien que una de las condiciones fundamentales que entonces se manejó consistía precisamente en esto: había muchos puntos oscuros; lo importante era descubrir la verdad, sin juicios previos, sin metas prefabricadas. Es mucho lo que se ha avanzado. Hoy estamos bastante seguros de las coordenadas personales y políticas que enmarcan este reinado excepcional. Pero los prejuicios, entre los que no saben Historia y por eso es fácil valerse de ella, siguen subsistiendo. Sólo la verdad puede otorgar la libertad de juicio. Confieso que cuanto más penetro en el conocimiento de aquel tiempo, de sus errores, de sus virtudes, de sus avances y de sus defectos, más crece la admiración por esta figura singular a quien Dios encomendó en este mundo los oficios más difíciles y más fecundos: el de mujer y el de reina. Pues allí nació España. Allí se afirmó esa veta de la modernidad que conduce, por la vía de la racionalidad y el libre albedrío, al derecho de gentes. Y ese amor recíproco hacia la Universidad, casa del saber, como aún puede leerse, en griego, en el frontis de la de Salamanca.