Es frecuente escuchar que la escuela pública es la que asume la mayor parte de la inmigración y de las familias de escasa renta, y que eso sucede porque la escuela concertada disuade a esos alumnos de solicitar plaza en sus centros.
Si consultamos el informe anual de Datos y Cifras del Ministerio de Educación, podemos ver que la escuela concertada escolariza al 25,4% de los alumnos pero solo tiene en sus aulas el 14,9% de alumnado de origen extranjero. Efectivamente debería tener un mayor porcentaje, pues está más de diez puntos por debajo de lo que le correspondería. ¿Cuáles son las razones?
Una primera razón es que hay un elevado número de inmigrantes y familias de escasos recursos en zonas rurales de poca población, donde lo habitual es que solo haya una escuela y que por tanto sea pública. Según el estudio del Observatorio Social La Caixa titulado «La inmigración dinamiza la España rural» y presentado en 2020 por Luis Camarero y Rosario Sampedro, hay 1.145.000 menores de 13 años que son de origen extranjero y viven en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. En esas poblaciones pequeñas donde no hay espacio para un centro concertado, todos esos alumnos inmigrantes no pueden escoger un centro concertado porque no lo hay. Son más de un millón de alumnos, y es natural que eso haga descender en la concertada la proporción de alumnos de origen extranjero o de menor renta.
Hay otra razón añadida, muy clara. Bastantes comunidades autónomas no ofrecen ayudas de transporte o comedor a las familias que eligen escuela concertada y sí en cambio a los que optan por un centro público. En el «Observatorio de Normativa Excluyente con el Alumnado y el Profesorado de Concertada» de la revista Actualidad Docente , puede verse que en muchas comunidades autónomas el comedor, el transporte y las actividades extraescolares en los centros públicos es gratuito o está fuertemente subvencionado, y en cambio en la concertada no lo está. Por ejemplo, consultada la normativa de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y Extremadura, puede observarse que limitan sus ayudas de comedor a la enseñanza pública. Consultadas las normativas de Castilla la-Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, puede verse igualmente que limitan sus ayudas de transporte a las familias que eligen centros públicos.
Parece claro que en muchos lugares, cualquier familia de escasos recursos tenderá a optar por un centro público, pues así le sale gratis el transporte y el comedor. Y algo parecido puede decirse de las actividades extraescolares, que muchos municipios ofrecen casi gratuitamente a los centros públicos pero no a los concertados. Es evidente que eso es una gran barrera, pero no es una barrera del régimen de conciertos, ni es una barrera de los titulares de los centros concertados, sino una forma injusta de actuar por parte de algunas administraciones públicas a la hora de asignar la financiación del comedor, el transporte y las actividades extraescolares. Una barrera que discrimina a esas familias y que hace perder alumnado a la escuela concertada.
En las actuales circunstancias de descenso de natalidad, es más que evidente que la mayoría de los centros concertados desearían acoger a más alumnos, y si no lo hacen con las familias de las que estamos hablando es en buena parte por la discriminación que hacen en esto esas administraciones autonómicas. Y esa pérdida de alumnos luego se emplea como un motivo para quitar aulas concertadas a esos centros. En esos casos, es triste que esas familias se vean privadas de esas ayudas, que esos centros pierdan esos alumnos y esas aulas, y a esa discriminación se sume escuchar de otros la acusación de que los centros concertados seleccionan a su alumnado y no desean tener alumnos desfavorecidos.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021