Está claro, y lo hemos repetido ya muchas veces, que la legislación educativa debe esforzarse por establecer un sistema educativo que facilite la igualdad, la equidad y la inclusión. El problema es que a veces se hacen simplificaciones muy notables sobre la efectividad que pueden tener las medidas que se toman en ese sentido.
Se entiende que un gueto es una zona en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad, o una situación o condición marginal en que vive un determinado colectivo. Y parece claro que hay que encontrar el modo de que haya una cierta heterogeneidad en las escuelas, para que el alumnado inmigrante, o el que tiene más dificultades o menor renta no se concentre en determinados centros, ya que entonces resultará difícil que tengan buenos resultados.
Unos dicen (habitualmente desde entornos más próximos a la izquierda política) que lo mejor es que haya una fuerte zonificación. La razón que aportan es que las familias de menos capital cultural de ese barrio no suelen desplazarse, o no les resulta posible o al menos no les resulta fácil, y son las que escolarizan a sus hijos en el centro más próximo. Las de mayor capital cultural, en cambio, buscan otro centro mejor aunque eso suponga desplazarse cada día. El resultado es que las escuelas de los distritos más difíciles concentran al alumnado con mayor dificultad. Su propuesta de solución para evitar ese fenómeno es que la legislación dificulte desplazarse a otros lugares, porque así todos se quedarán en su zona y así habrá menor efecto gueto. Ese es el motivo de que el artículo 86 de la LOMLOE diga que se debe «garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea».
También añaden que las autoridades educativas deben distribuir a ese alumnado inmigrante o desfavorecido, y por eso los artículos 86 y 87 de la LOMLOE señalan que se establecerán comisiones que «velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación». Y que «las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas».
El principio que inspira esta norma es sin duda positivo. El problema es que, por ejemplo, supone como principio que las familias en buena situación pueden escoger centro para sus hijos, mientras que las familias inmigrantes o en situación de dificultad irán al centro que se les asigne, según el criterio de reparto que establezca la autoridad educativa. Esto significa, en la práctica, que las familias más desfavorecidas serán distribuidas, como si se tratara de una carga o un pasivo educativo que hay que repartir, y por tanto consideradas como de segundo nivel en cuanto a su derecho a elegir centro.
También podría señalarse que la zonificación estricta que propugna esta ley restringe a las familias la posibilidad de salir de su entorno próximo, lo cual supone una obligación que con frecuencia dificulta (al menos a quienes lo desean) evitar que se produzcan situaciones de gueto. Obligar a la gente mediante esta zonificación a quedarse en su propio distrito no es la mejor forma de luchar contra los guetos.
¿Cuál es entonces la solución? No hay soluciones fáciles ni inmediatas, pero sin duda este problema no se resuelve aplicando estos criterios que la LOMLOE proclama con tanta seguridad. Pienso que la solución tiene más que ver con la libertad de elección y con una política que busque una mejor evaluación y un diagnóstico más temprano y certero de los problemas, tanto de los alumnos como de los centros, de manera que puedan aplicarse remedios efectivos. En el mundo anglosajón es muy frecuente que se apliquen soluciones contundentes a los centros educativos que tienen mayores problemas, movilizando equipos humanos expertos que aplican planes de reactivación integrales. Esas actuaciones suelen ser bastante eficaces, y para hacerlo se necesita un dinamismo en la adjudicación de recursos a los centros con dificultades que hoy nuestro país está lejos de tener.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021