Las familias que eligen centros privados sin ninguna financiación pública, ahorran al erario público cantidades importantes, y lo hacen muchas veces con un notable sacrificio por su parte. Parece lógico que los poderes públicos establezcan un modo de financiación parcial también para esos centros, que, además de ahorrar dinero público, suponen también un incremento de la pluralidad de oferta.
Debería buscarse una solución estable y satisfactoria para la red totalmente privada, sin establecer oposición con la red concertada, ni entre ellas con la red pública. Debe buscarse una solución que no sea defensa de un interés de grupo, sino una solución de consenso, de respeto a la pluralidad de modelos consagrada en la Constitución.
Una opción es elevar la financiación de la enseñanza concertada de modo que no necesite de cuotas a las familias. El problema es que nuestra situación económica actual no permite hoy por hoy grandes incrementos, y, por otra parte, sería bueno que ese incremento económico fuera unido a una mejora en la oferta de actividades y servicios.
En cuanto a la ayuda para quienes eligen centros totalmente privados, puede realizarse por medio de una contribución directa (por ejemplo, mediante alguna fórmula de cheque escolar) o bien mediante una desgravación fiscal por esos gastos en educación por parte de la familia. Es una solución coherente con lo anterior. Porque es cierto que la enseñanza concertada resulta más asequible para la familia, pero está más sometida a control en su financiación y en su gobierno, y está obligada a estar en el sistema público de escolarización. Quienes eligen una enseñanza no concertada pagan más, pero también tienen derecho a una ayuda, como las hay para tantas otras cosas. Existen desgravaciones fiscales por planes de pensiones, por inversión en vivienda, por ascendientes a cargo, por discapacidad, por nacimiento o cuidado de hijos, etc. Si un puesto escolar privado ahorra un puesto escolar público, y además quizá lo hace con un coste menor, tiene toda la lógica que ese gasto tenga un buen tratamiento fiscal, pues en conjunto supone un ahorro económico y a la vez aumenta la pluralidad en la educación y la satisfacción de las familias.
Pienso que en la medida que se logre llegar a un debate sereno sobre estos temas, y en la medida que ese debate permanezca más alejado de luchas políticas o ideológicas, estaremos más cerca de comprender que no tiene demasiado sentido ese enfrentamiento entre la red pública, la red privada subvencionada y la red privada no subvencionada.
Es preciso encontrar un equilibrio en cuanto a los mecanismos de cálculo de la financiación o las ayudas en cada caso, pero partiendo siempre de que todas las escuelas satisfacen un servicio esencial que se ofrece a los ciudadanos, y que el dinero invertido en una u otra no tiene por qué ir en detrimento de las demás. Todas han de ofrecerse a los ciudadanos en un régimen de libre concurrencia, y han de competir lealmente por atraer alumnos con un marco económico claro y transparente, aceptado por todos.
Ese marco abierto mejorará a unos y a otros, pues quizá hoy la enseñanza es todavía un sector demasiado regulado y dependiente de colectivos cautivos zonificados. Todo ciudadano responsable debería alegrarse de que la red pública de enseñanza sea cada vez mejor, y un modo de lograrlo es que haya un régimen de mayor igualdad de oportunidades: para las familias, para los profesores y para quienes promueven y dirigen esos centros, sean públicos o privados.
Con ese enfoque, lo ideal es que cualquiera que desee promover un nuevo centro y acredite un número suficiente de familias que lo demandan, tuviera acceso a una financiación pública. En buena parte, se trata de un planteamiento ya ensayado en numerosos países, sobre todo en el mundo anglosajón.
Muchos se inquietan bastante ante cualquier posibilidad de competencia. Ya hemos dicho que la competencia no es el único ni el mejor motor de la mejora de la enseñanza, pero es probable que algunos de los que tienen tanto temor a la competencia quizá lo que les asusta realmente es que alguien pueda desenmascarar su mediocridad.
En bastantes países se observa un cierto enconamiento en esos debates, un tanto contaminados por intereses políticos muy diversos. En muchos casos, la educación es uno de los puntos donde los partidos buscan su diferenciación frente a sus oponentes, y es precisamente la educación la que sale más perjudicada en esas luchas.
A veces ese enconamiento proviene de aquella vieja idea de que la iniciativa privada siempre defiende intereses oscuros y egoístas, mientras que lo público persigue objetivos altruistas y nobles. Un axioma tan falso como el antes señalado de pensar que las leyes de mercado lo arreglan todo. La enseñanza no es buena por ser pública ni por ser privada. La igualdad o la neutralidad no se garantizan por ser público o por ser privado: es más, como la neutralidad es tan difícil, una buena forma de evitar el adoctrinamiento es que haya un carácter propio del centro bien definido (también en los centros públicos) y que las familias puedan elegir sabiendo bien dónde matriculan a sus hijos. Los centros públicos también deben ser plurales, como lo debe ser la oferta deportiva o cultural promovida por las autoridades públicas. Esa pluralidad y esa igualdad de oportunidades son excelentes formas de respetar y desarrollar los derechos de la familia en el entorno escolar.
Alfonso Aguiló, “Educar en una sociedad plural”, Editorial Palabra, 2021